El mundo es un archipiélago y lo único realmente globalizado es la proliferación de lo heterogéneo”

(Subcomandante Marcos)

INCLUSIÓN EDUCACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.

AUTOR: LIC./PROF. LÓPEZ, CLAUDIA IRIS


INCLUSIÓN EDUCACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

Eje temático del Congreso: Inclusión y participación: desafíos éticos, técnicos y políticos.

Palabras claves: Discapacidad. Inclusión Educativa. República Argentina.


RESUMEN

La inclusión educativa, involucra un proyecto colectivo político y social, enfocado desde la mirada de los derechos humanos, donde la igualdad de oportunidades no significa tratar a todos por igual, sino la posibilidad de equiparar derechos y obligaciones, respetando las diferencias. Implica un proceso activo de interacción, concientización y aceptación, donde deben reformularse conceptos, roles, sentimientos, valores y actitudes, a fin de brindar un adecuado conjunto de medidas y respuestas educativas acordes a cada persona con discapacidad.

La década del 80, fue significativa para el cambio de mirada, iniciándose un gran movimiento hacia la integración de las personas con necesidades educativas especiales dentro de las escuelas ordinarias.

En este nuevo siglo, aparecen aportes y orientaciones diferentes a las tradicionales, enfoques y perspectivas teórico-prácticas y movimientos sociales que reivindican la diferencia, la libertad, la cooperación, el respeto, la participación.

En la Argentina, surgen nuevos abordajes y temas de debate y análisis, como currículum diversificados, adaptaciones curriculares, accesibilidad, ayudas técnicas, informática adaptada, normativa específica, etc., procurando la consideración de la temática de la discapacidad en programas y planes de estudio y fomentando la capacitación docente al respecto.

Se exponen y analizan en el presente trabajo, algunos de estos aspectos surgidos esencialmente a partir de la última década en la República Argentina, con relación a la inclusión educacional de las personas con discapacidad.



INCLUSIÓN EDUCACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.

LIC./PROF. LÓPEZ, CLAUDIA IRIS


INTRODUCCIÓN

La inclusión educacional no implica en enfoque simplista de “poner juntas personas con y sin discapacidad”, es un proceso activo de interacción, donde deben reformularse conceptos, roles, sentimientos, pensamientos, valores y actitudes; es concientización, aceptación y puesta en marcha de pertinentes acciones que efectivamente puedan concretarse.

Su enfoque implica una visión amplia, involucra no sólo a algunos docentes, sino a todo un proyecto colectivo político y social, desde la mirada de los derechos humanos, donde la igualdad de oportunidades no significa tratar a todos por igual, sino equiparar derechos y obligaciones, respetando las diferencias.

Más allá de la integración física existe una inclusión social, para lo cuál el conjunto de respuestas educativas debe avanzar hacia el modelo de inclusión que mejor responda a las necesidades educativas de cada alumno, ya que generalizando se niegan las necesidades reales e individuales de las personas con discapacidad.

La década del 80, fue significativa para el cambio de mirada, iniciándose un gran movimiento hacia la integración de las personas con necesidades educativas especiales dentro de las escuelas ordinarias.

En la Argentina, surgen nuevos abordajes y temas de debate y análisis, como currículum diversificados, adaptaciones curriculares, accesibilidad, ayudas técnicas, informática adaptada, normativa específica, etc., procurando la consideración de la temática de la discapacidad en programas y planes de estudio y fomentando la capacitación docente al respecto.

A continuación, se presentan sintéticamente algunos de estos aspectos surgidos esencialmente a partir de la última década en la República Argentina, con relación a la inclusión educacional de las personas con discapacidad.

DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA ARGENTINA

Nuestro país, como Estado Miembro de las Naciones Unidas, suscribe al “Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad”, aprobado por la Asamblea General en 1982, elaborándose un amplio marco legal sobre la temática de la discapacidad.

En el año 1981, se promulga la Ley Nº 22.431, “Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad”, siendo la primera en establecer un régimen de protección integral de los derechos de los discapacitados, abordando los servicios de asistencia y prevención, salud y asistencia social, trabajo y educación, seguridad social y accesibilidad al medio físico.

Se establece en dicha ley, que la persona con discapacidad debe realizar su “escolarización en establecimientos comunes, con los apoyos necesarios provistos gratuitamente, o en establecimientos especiales cuando en razón del grado de discapacidad no puedan cursar la escuela común”1 y que “el Ministerio de Cultura y Educación tendrá a su cargo: a) Orientar las derivaciones y controlar los tratamientos de los educandos discapacitados, en todos los grados educacionales especiales, oficiales o privados, en cuanto dichas acciones se vinculen con la escolarización de los discapacitados, tendiendo a su integración al sistema educativo. b) Dictar las normas de ingreso y egreso a establecimientos educacionales para personas discapacitadas, las cuales se extenderán desde la detección de los déficit hasta los casos de discapacidad profunda, aún cuando ésta no encuadre en el régimen de las escuelas de educación especial. c) Crear centros de evaluación y orientación vocacional para los educandos discapacitados (…). e) Formar personal docente y profesionales especializados para todos los grados educacionales de los discapacitados, promoviendo los recursos humanos necesarios para la ejecución de los programas de asistencia, docencia e investigación en materia de rehabilitación”2.

Siguiendo las pautas del Programa de Acción Mundial, se crea en nuestro país, en el año 1987, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, actualmente órgano de consulta vinculante en su carácter de ente interorgánico de evaluación, coordinación y asesoramiento en la temática. En distintas partes del país, existen Consejos o Comisiones Provinciales de Discapacidad, siguiendo el esquema y funciones de la Comisión Nacional.

En el mismo año, la Dirección Nacional de Educación Especial, aprueba el Plan Nacional de Integración, en donde se especifica:

“...la Dirección Nacional de Educación Especial ha emprendido una nueva etapa en su marcha donde los criterios de normalización e integración se constituyen en ideas rectoras para la recuperación y atención pedagógica asistencial de cada uno de los educandos”. Debiendo “...favorecer la integración al sistema educativo común de todos aquellos que cualquiera sea la etiología de la discapacidad, tengan un desarrollo tal que les permita beneficiarse del abordaje de la escuela común, aunque requiera apoyo del equipo integrador interdisciplinario de la escuela especial”3.

Este proceso, continúa con la sanción de la Ley Federal de Educación Nº 24.195, de 1993, donde se contempla la igualdad de oportunidades, las necesidades educativas especiales y la atención a la diversidad.

Al respecto se menciona: “El Estado Nacional deberá fijar los lineamientos de la política educativa respetando los siguientes derechos, principios y criterios: (...) f) La concreción de una efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades para todos los habitantes y el rechazo a todo tipo de discriminación. g) La equidad a través de la justa distribución de los servicios educacionales a fin de lograr la mejor calidad posible y resultados equivalentes a partir de la heterogeneidad de la población. k) La integración de las personas con necesidades educativas especiales mediante el pleno desarrollo de sus capacidades. n) La superación de todo estereotipo discriminatorio en los materiales didácticos”4. También se especifica: “La situación de los alumnos/as atendidos en Centros o Escuelas Especiales será revisada periódicamente por equipos de profesionales, de manera de facilitar, cuando sea posible y de conformidad con ambos padres, la integración a las Unidades Escolares Comunes. En tal caso el proceso educativo estará a cargo del personal especializado que corresponda y se deberán adoptar criterios particulares de currículo, organización escolar, infraestructura y material didáctico”5.

Como consecuencia de la Declaración y Marco de Acción de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, Acceso y Calidad, realizada en Salamanca, España, en 1994, que sintetiza las nuevas ideas sobre educación especial y establece un marco de acción a nivel nacional, regional y local, el Poder Ejecutivo Nacional declaró el “Año de la Plena Integración para las Personas con Discapacidad”6, estableciéndose un plan de acción para procurar la plena integración de las personas con discapacidad.

En 1995 se crea el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad7, con el objetivo de “promover y facilitar la efectiva implementación de programas que fomenten la prevención, rehabilitación, integración y promoción de la persona con discapacidad”.

Las Políticas de Acciones comprenden también los llamados Planes Sectoriales. Estos a su vez están conformados por Programas, que respetan y sostienen los conceptos básicos de las Políticas Integrales para las personas discapacitadas que son: Prevención, Rehabilitación, Accesibilidad, Educación, Trabajo y Participación Social, tal como fueran descriptos por el Programa de Acción Mundial.

En 1998, el Consejo Federal de Cultura y Educación suscribe el Acuerdo Marco para la Educación Especial8, donde se establecen nuevas funciones y criterios de transformación de la Educación Especial, teniendo en cuenta aspectos curriculares y de gestión, de formación y capacitación, y la concertación entre los distintos sectores de la comunidad y organismos gubernamentales y no gubernamentales. Se establece en el mismo: “Las prestaciones de la educación especial que se articularán con los servicios escolares, procurando la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales a las instituciones de educación común, en todos los niveles del sistema a partir de programas de apoyo y seguimiento…

La imposibilidad de la escolarización en ámbitos comunes deberá ser constatada por la evaluación de los alumnos y sus contextos, por los equipos docentes y técnicos inter o multidisciplinarios. En todos los casos se proveerán las medidas necesarias para garantizar los espacios y tiempos de integración parcial que sea posible.

Contribuir a la transformación de las prácticas profesionales de los equipos docentes, ampliando la cobertura educativa en la educación común de los alumnos con necesidades educativas especiales.

Investigar sobre las condiciones de sus contextos de influencia, para producir desarrollos curriculares, materiales de trabajo y estrategias específicas de acuerdo a las problemáticas presentadas”.

Con relación a las medidas de carácter curricular: “Organizar la acción educativa considerando al diseño curricular común como parámetro, resolviendo las necesidades de los alumnos para acceder y progresar en él. Dar lugar a una enseñanza personalizada que, tomando en cuenta el contexto social del aula, equilibre las necesidades educativas especiales con las del grupo a través de las adaptaciones curriculares”.

La Ley Nº 24.521, de Educación Superior, contempla los derechos de acceso, permanencia y egreso de las personas con discapacidad; sin embargo no existen estatutos o normativas específicas en las universidades argentinas, que reglamenten estos derechos.

Recientemente se crea la COPINE (Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales), encargada de planificar y coordinar, supervisar, asesorar, capacitar y difundir todo lo necesario para el efectivo cumplimiento de toda norma referida a las personas con necesidades especiales, interactuando con las distintas áreas del Estado, de la Ciudad, Nacional y provinciales responsables de su aplicación y ejecución.

Pese a la riqueza del marco normativo nacional, es necesario mencionar que la legislación no siempre es respetada, ni concretada plenamente en la práctica, siendo además imprescindible formular nuevas políticas y estrategias sobre la temática, que permitan alcanzar efectivamente las metas propuestas en cuanto a la inclusión educacional.

En la Educación Especial, los primeros enfoques se ubican desde el paradigma tradicional, considerando que las necesidades educativas especiales, derivan esencialmente de la discapacidad. Progresivamente, con el paradigma social, empieza a considerarse el contexto como un factor determinante. La discusión se centra entonces en lo organizacional, fundamentando que las necesidades educativas especiales derivan de ineficientes formas de organización, infraestructura y planificación educativa.

Actualmente en nuestro país subsisten numerosos enfoques con relación a los aspectos educacionales de las personas con discapacidad, desde la dimensión centrada en los déficit, hasta la mirada enfocada en lo contextual y ecológico.

Enfoques más actuales sugieren la consideración de los tres niveles: el individual, considerando el proceso interactivo del aprendizaje; el social y el institucional en cuanto a su organización, planificación, actores, etc. Este modelo implica la respuesta educativa constructiva, holística e integral, el análisis de la interacción con el contexto educativo y el ofrecimiento de respuestas pertinentes en forma personalizada, asegurando la provisión de los medios necesarios para que en principio los educandos puedan acceder al currículo ordinario.

La respuesta educativa ya no consiste en un diseño curricular diferente, sino en el currículum común con adaptaciones curriculares o diversificaciones, ofreciendo situaciones naturales de aprendizaje (y no aparte, en el gabinete u otro lugar). La responsabilidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, adaptaciones, evaluación, apoyos, seguimiento, etc., pasa a ser compartida por un equipo.

Aunque se ha avanzado significativamente en la integración total o parcial (participa en algunas actividades o áreas, pueden tener adaptaciones curriculares y apoyo con maestras integradoras), aún subsiste la Educación Especial como un sistema paralelo, segmentado según tipo y grado de discapacidad.

En cuanto a la educación regular, no existen adecuadas ofertas para los que presentan una discapacidad severa o múltiple; hay falta de infraestructura y accesibilidad, barreras físicas arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y comunicacionales; falta de equipamiento, apoyos, becas, una adecuada y abarcativa formación a nivel docente. En los programas y planes de estudios oficiales, de las carreras docentes (Artísticas, Educación Física, Magisterio y Profesorado, Nivel Inicial, E.G.B. y Polimodal, etc.), y en las distintas carreras universitarias, la temática de la discapacidad es omitida o escasamente abordada.

Las docentes integradoras, concurren a la escuela común por algunas horas, no cumplen en la misma un horario completo, el docente de grado por otra parte, tiene a su cargo aulas superpobladas, y muchas veces debe cumplir con funciones para las cuales no ha sido preparado, esencialmente como consecuencia de la creciente pobreza y crisis socioeconómica que afecta a nuestro país.

Si bien hay mayor conciencia al respecto, existe gran resistencia, miedo y desconocimiento. Algunas instituciones educativas aceptan integrar ciertos tipos de discapacidad, y otros no, sin un real fundamento, en otras la inclusión queda librada a la “buena voluntad” de algún directivo o docente.

Algunos niños logran integrarse al sistema común, pero al pasar de ciclo son rechazados, no pudiendo continuar su proceso educacional normalmente. Existen grandes variaciones a nivel municipal y provincial, no habiendo unanimidad de criterios.

Muchas escuelas regulares, no cuentan con gabinetes y equipo especializado, tecnología adaptada, servicios de interpretación o de apoyo, elementos didácticos adecuados, y la gran mayoría presenta problemas de accesibilidad y barreras arquitectónicas.

Según los datos publicados por el Ministerio de Educación de la Nación, en 2003 se había integrado a las escuelas comunes el 26% de la matrícula total de Educación Especial (en su mayoría en el Nivel Inicial y E.G.B.). En tanto que en la provincia de Buenos Aires este porcentaje era del 19%.

CONCLUSIÓN

Como se puede apreciar, la inclusión educacional requiere no sólo de un adecuado marco legal, o de un cambio a nivel institucional, sino esencialmente una profunda transformación cultural y social.

En la Argentina, como en muchos otros países, la inclusión educacional de las personas con discapacidad, ha experimentado cambios significativos, pero también estancamientos y retrocesos.

En una sociedad habitualmente son los grupos dominantes, los que determinan los parámetros o estándares de éxito o fracaso educacional, quiénes se incluyen o quiénes quedan excluidos para siempre del sistema. Los docentes debemos preguntarnos si nos adherimos a los esquemas existentes de exclusión, reproduciendo perimidas e injustas tradiciones, o si queremos por el contrario innovar, crear y transformar.

Frente a los desafíos del porvenir, la educación es el instrumento indispensable para el logro de cambio, equidad y justicia social, mediante la revalorización de aspectos éticos y culturales de la existencia, con la meta de que toda persona sin distinción, pueda desarrollarse, crecer y autorrealizarse ejerciendo plenamente sus derechos.

La inclusión sin distinciones es un imperativo democrático, cada individuo debe tener iguales derechos, obligaciones y oportunidades educacionales, no sintiéndose excluido de la sociedad en que le ha tocado existir.

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-Ley Federal de Educación Nº 24.195. (1993). República Argentina.

-Ley Nacional Nº 22.431: Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas. (1981). Buenos Aires. Argentina.

1 comentario:

  1. ¿cuales son los establecimientos educativos que deben atender a los estudiantes con discapacidad segun esta ley?

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